Visión minimalista de la política, ciudadanía y ONG

Hasta hoy no había oído la idea de “visión minimalista de la política”. Se trata de un concepto vinculado al neoliberalismo del que me gustaría destacar dos de sus características por lo perjudiciales que pueden ser para las ONG (si caen o no pueden salir de un enfoque como ése) y porque, especialmente la segunda, están relacionados con lo que está pasando últimamente con la educación y la sanidad en nuestro país:

En primer lugar, se basa en la reducción selectiva de la sociedad civil a tipos específicos de organizaciones, con la subsiguiente exclusión de otros actores, así como en la redefinición misma de su papel, orientado exclusivamente a compensar la ausencia del Estado en la aplicación de políticas sociales. El reemplazo del término “sociedad civil” con “Tercer Sector” es indicativo de esta nueva función y demuestra el intento de retirar el papel constitutivo de la sociedad civil, en el terreno de la política, el cual se circunscribe una vez más a la sociedad política. Autodefinido como apolítico, el Tercer Sector, a su vez, refuerza una concepción estatista del poder y de la política, justamente aquella contra la cual se ha dirigido la democracia participativa con su visión de la sociedad civil, que confronta el monopolio del poder por el Estado y la sociedad política.

En segundo lugar, las políticas y los temas de los que se ocupan son tratados estrictamente desde un ángulo técnico o filantrópico. Por consiguiente, la pobreza y la desigualdad son retiradas de la esfera pública (política) y del ámbito que les corresponde, el de la justicia, la igualdad y la ciudadanía. La distribución de servicios y beneficios sociales reemplaza cada vez más el espacio de los derechos y la ciudadanía, a través de un doble movimiento. Por un lado, los derechos sociales simplemente se están eliminando o reemplazando con bienes que ha de proveer la empresa privada, negociados en el mercado por aquellos que los pueden pagar. Por otro lado, las ONG asumen cada vez más la distribución de los servicios sociales, tales como la salud y la educación, dirigiéndolos a sectores necesitados específicos de la población. Estos servicios sociales, cuya distribución depende por completo de la buena voluntad y competencia de las ONG implicadas, no son percibidos por los beneficiarios como responsabilidades públicas del Estado. Con mucha frecuencia, las empresas privadas financian proyectos conducidos por las ONG a cambio de exoneraciones de impuestos. Los grupos beneficiados ni siquiera saben que hay recursos públicos en juego. Más bien, los beneficios son presentados como favores de personas bien intencionadas, en el lugar de derechos que el Estado debe garantizar. La ciudadanía, como atribución universal de derechos y como relación entre el Estado y todos los ciudadanos, se disuelve. En este modelo de aplicación de políticas sociales, el Estado se oculta detrás de las ONG. Una consecuencia cultural y política central es la obstrucción para la demanda de derechos, para la que ya no queda ningún espacio, pues no se puede responsabilizar a las ONG por los derechos y el Estado está ausente, aun cuando hay recursos públicos en juego. La posibilidad misma de formular derechos y nociones de ciudadanía, como elementos cruciales en la construcción del civismo, se hace cada vez más difícil, tanto como enunciar una noción propia de la esfera pública distinta de la privada.

La cita es de: Kees Biekart y Alan Fowler (eds.) (2011) El cambio dirigido por la acción cívica. El poder de la imaginación ciudadana. Icaria, Barcelona.

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